La ciberseguridad y la protección de los datos se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes de las grandes empresas, sobre todo de las que manejan un gran cúmulo de información esencial sobre proyectos, procesos y personas cada día.
En ese área estarían campos de carácter eminentemente público, como todo lo relacionado con la Administración, el sistema tributario o la salud, junto a otras áreas donde lo público y lo privado se mezclan, como el sistema financiero, la energía, el transporte, las energías química y nuclear, los centros de investigación, el espacio, la alimentación, las tecnologías de la información y la comunicación, o la gestión del agua.
Por ello, el trabajo de las empresas privadas en materia de ciberseguridad, coordinado con los organismos públicos correspondientes, son hoy fundamentales. Pensemos, por ejemplo, que alguna de ellas gestiona el 40% del agua que se consume en España, entre otras infraestructuras “críticas”.
Una docena de empresas españolas se lanzaron a aunar esfuerzos para reforzar su política de seguridad de la información y preservar la información propietaria del negocio, proteger los activos de información de la compañía y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de valor. El lema era: “Protegiendo la información protegemos el negocio”
Fueron las fundadoras de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información y lanzaron desde 2012 la primea edición de los Ciberejercicios que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de INTECO realiza cada año. Estos simulacros de crisis en los sistemas de información cuentan ya con la participación de cerca de 20 empresas del IBEX y se han convertido en una referencia a nivel europeo. Ningún otro país de la UE los hace. De esta manera, el cuidado por la ciberseguridad que desarrollan las empresas españolas va más allá de sus propios negocios. Sirve tanto para vigilar el buen funcionamiento de los servicios esenciales que se dan a sus 10 millones de clientes en todo el mundo, o para preservar los datos personales de sus 68.000 trabajadores, como para velar por la seguridad de los servicios públicos del Estado implicados y de la sociedad en general.
